José Ángel Gurría, secretario general de la organización, consideró que la integridad y la austeridad deben ser compatibles en el nuevo Gobierno.
LETICIA HERNÁNDEZ/El Financiero/15:45. José Ángel Gurría, director general de la OCDE, presentó el Informe de seguimiento del estudio de la OCDE sobre integridad en México.
Con la reducción en los salarios de los altos funcionarios como parte del plan de austeridad del nuevo gobierno, habrá que medir el impacto que puede haber en la integridad de su actuar, sobretodo en puestos de alto riesgo como las contrataciones y las compras, advirtió José Angel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
«Esta es un área en la que habría que sopesar, por cierto, con mucho cuidado, el impacto del recorte de los salarios en las capacidades de integridad de los servidores públicos. Aquí la cuestión de la integridad no debe ser incompatible con la austeridad, y la cuestión de cómo hacer compatibles estos dos conceptos se vuelve muy importante», dijo el funcionario en conferencia de prensa este lunes en la Secretaría de la Función Pública.
Al presentar los informes de seguimiento sobre la reforma del Sistema de Compras de gobierno, conocido como ‘CompraNet’, y sobre la Integridad en México, Angel Gurría dijo que para que haya una continuidad e implementación efectiva de políticas públicas, «la propia evaluación que lleva a cabo la secretaria de la Función Pública respecto a los objetivos generales del plan de gobierno y no solo del combate a la corrupción, suele verse mermada por la falta de un servicio civil profesional de carrera».
Además, señaló y apuntó que la propia dependencia podría relanzar la reforma del servicio profesional de carrera con el objetivo de privilegiar al mérito en la selección y promoción de los funcionarios públicos.
Recomendó al Comité Coordinador del Sistema Nacional anticorrupción revisar los contratos para lograr un alto nivel de divulgación en el caso de ofertas de empleo para puestos de mayor riesgo, como las compras y contrataciones; mejorar el escrutinio de las declaraciones patrimoniales mediante el uso de las tecnologías de información y el uso de la minería de datos para sacarle el máximo jugo posible a la información.
El secretario general de la OCDE advirtió que, sin menoscabar las acciones preventivas, debe asegurarse la vigencia y la equidad de un sistema disciplinario que «hoy mantiene un bajo nivel de efectividad y que se traduce en un alto nivel de impunidad».
Según un estudio de Impunidad Cero, la Secretaría de la Función Pública sanciona el 13.4 por ciento de las denuncias recibidas, pero el Tribunal de Justicia Administrativa anula el 42 por ciento de las denuncias que presenta la propia secretaría, lo que reduce el porcentaje de denuncias respecto a lo que se persigue al 8 por ciento, refirió el secretario general de la OCDE y lo atribuyó a la insuficiente experiencia y profesionalización del personal de los órganos internos, alto nivel de rotación del personal y salarios poco competitivos dado el nivel de la responsabilidad.